Son tres los policías que están siendo juzgados. Uno de ellos participa de manera remota. Decidieron no declarar. Durante la apertura de la audiencia los familiares de la víctima, acompañados de movimientos sociales y políticos y organizaciones de derechos humanos se manifestaron pidiendo justicia.
En la sede del Colegio de Magistrados, y cumpliendo todas las medidas preventivas por la pandemia de coronavirus, se inició ayer el juicio a tres policías por la muerte del dirigente barrial Ramón “Moncho” Arce, ocurrido en la navidad de 2004. Los acusados se abstuvieron de declarar y el debate continúa el próximo viernes en el edificio ubicado en Buenos Aires N° 780.
Los imputados son Ramón Rolando Basualdo y Carlos Ramírez -quienes estuvieron presentes en el recinto-, y Carlos Ariel Alcaraz, quien participó en forma remota. Todos ellos, efectivos policiales al momento de ocurrir el hecho.
Familiares, amigos y vecinos se hicieron presentes encabezando una importante movilización con pancartas acompañados por organizaciones de derechos humanos para seguir de cerca el juicio y exigir justicia a 16 años del violento operativo policial realizado en el merendero del barrio Quinta Ferré de la capital correntina.
Ayer se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio donde se acusa a Ramón Rolando Basualdo y Carlos Ramírez por lesiones leves agravadas, homicidio preterintencional y daño en concurso real por incumplimiento de deberes de funcionario público y allanamiento de morada sin orden, estos dos en concurso ideal.
Y a Carlos Ariel Alcaraz, el tercer imputado, por homicidio preterintencional y daño todo en concurso real con incumplimiento de deberes de funcionario público y allanamiento de morada sin orden, en concurso ideal.
Una vez abierto el debate, se preguntó a los imputados si deseaban declarar y todos manifestaron que por el momento no. Entonces se dio inicio a la ronda de testimonios. El primero en comparecer era un hombre de apellido Martínez quien estuvo en la misma celda de la Comisaría Decimoprimera junto a Moncho Arce, quien fue arrojado en el lugar tras la brutal golpiza recibida al momento de su detención en su vivienda. Por Secretaría se informó que el testigo no pudo ser localizado, ya que no reside más en el domicilio debido a que se separó de su esposa. Es por eso que se arbitrarán los medios para poder hallarlo, ya que su testimonio es trascendental.
Por otra parte, para la próxima audiencia, las partes como el Ministerio Público Fiscal deberán ponerse de acuerdo sobre los testigos más importantes de la causa, es decir aquellos que participaron o estuvieron en la escena del hecho. El objetivo es depurar los testimonios poco relevantes para avanzar de manera eficaz en el proceso.
Para el viernes 13 están citados a declarar 10 testigos. Son los profesionales que participaron de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima. Resulta que en un primer informe forense no se pudo determinar la causa de muerte. En tanto en la segunda autopsia se estableció que la causa del deceso fue por la rotura del bazo.
El Tribunal está compuesto por los doctores Román Esquivel, como presidente, y Ariel Azcona y Juan Carlos Guerin como vocales.
En el expediente N° 10.112 interviene como fiscal, el doctor Edmundo Gustavo Schmitt Breitkreitz, mientras que el imputado Ramón Rolando Basualdo, tiene como defensor particular al doctor Ramón Sosa. Carlos Ramírez y Carlos Ariel Alcaraz a los doctores Arregin y Canteros Sandoval. El escrito de querella fue presentado por el doctor Hermindo González. Cabe recordar que el 1 de septiembre de 2008, el tribunal unipersonal del Juzgado Correccional Nº 2 a cargo del doctor Juan José Cochia, condenó a los cabos de la Policía de Corrientes, Carlos Ramírez y Rolando Ramón Basualdo, a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por cuatro años. Fueron hallados coautores responsables de los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal. También fueron condenados a abonar a Nancy Itatí Arce la suma de $10.000 como reparación del daño moral. El fallo los obligaba también a realizar durante cuatro años tareas comunitarias en la fundación Virgen de Luján. NG
