Bajo los lineamientos para enfrentar el delito organizado impartidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina secuestró mercadería de origen ilegal valuada en más de 18.000.000 de pesos que estaba siendo comercializada en la provincia de Misiones.
Luego de una investigación llevada a cabo por las y los trabajadores de la fuerza federal, y siguiendo las indicaciones del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, a cargo del Dr. Alejandro Gallanda, se efectuaron cuatro allanamientos simultáneos sobre un conjunto de comercios ubicados en las localidades misioneras de Oberá y Leandro N. Alem en las cuales se vendían productos ingresados al país sin los avales aduaneros correspondientes.
Desde que asumió al frente de la cartera de seguridad, la ministra Frederic ha insistido en la necesidad de incrementar el trabajo de investigación que permita neutralizar el contrabando, considerado parte de los ilícitos de orden federal y de los delitos complejos. Durante este año se vienen registrando importantes operativos de las fuerzas federales que, en articulación con el Poder Judicial, ha impedido el ingreso y egreso del país de mercadería y de commodities que procuran evadir los controles fiscales y aduaneros correspondientes.
El incremento de la detección y neutralización de estas formas delictivas se corresponde con indicaciones que las autoridades de las cuatro fuerzas federales han impartido a las y los trabajadores de las mismas. En el caso de la Autoridad Marítima que conduce Mario Farinón, los decomisos realizados tras investigaciones ordenadas por el Poder Judicial, han impedido el ingreso de mercancías ilegales y, consecuentemente, el lavado de activos que emerge de este tipo de delito, así como su efecto destructivo sobre la industria nacional.
De hecho, en esta oportunidad, en los allanamientos se decomisaron más de 7.500 pares de zapatos, además de dos computadoras y documentación de interés para la causa judicial.
La mercadería incautada quedó en custodia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en un depósito de la PNA. Además, la persona dueña de los locales quedó a disposición del magistrado que lleva adelante la causa judicial.
