En una sesión extraordinaria y por unanimidad, solicitaron a los miembros del Comité de Crisis que notifiquen si detectan violaciones al aislamiento. Y además, insistieron en la aplicación de sanciones que van hasta $50 mil.
Hasta ayer eran 161 los casos activos de covid-19 en Bella Vista. Preocupados por el incremento de pobladores afectados por la pandemia y para brindar apoyo al trabajo que a diario realiza el personal del hospital local, el Concejo Deliberante de Bella Vista aprobó un proyecto de resolución a través del cual solicitan a las autoridades del Comité de Crisis local que denuncien a las personas que deberían cumplir con el aislamiento obligatorio y al mismo tiempo insisten en la aplicación de la ordenanza que fija multas para los que no respetan el protocolo sanitario vigente.
En el recinto legislativo, el último jueves se desarrolló la segunda sesión extraordinaria del presente año. Eran dos los temas establecidos en el orden del día: el covid-19 y la necesidad de mejoras tanto en el suministro de agua como en el servicio de cloacas.
“Con algunas modificaciones pero con el apoyo de todos los que integramos el cuerpo deliberativo se aprobó un proyecto de resolución que fue presentado por los bloques del PJ y del Frente Renovador”, comentó la concejal Mariana Caballero. Tras lo cual precisó a El Litoral que “solicitamos que las autoridades del Comité de Crisis realicen las denuncias penales correspondientes a las personas que, pese a estar con resultado positivo para covid-19 o ser un contacto estrecho de una persona afectada, no cumplen con el aislamiento obligatorio”.
En este contexto, aclaró que el pedido fue dirigido al citado equipo de trabajo porque “ellos tienen información fehaciente sobre quién o quiénes son los pobladores que no están respetando la cuarentena especial que deben hacer”.
Además de eso, en la citada resolución aprobada, “se requirió que se aplique la ordenanza 1917/20 que establece sanciones económicas para los que infringen las medidas sanitarias que fueron fijadas en nuestra ciudad debido al coronavirus”.
Recordó en este punto que la citada norma propuesta el año pasado por el bloque de ECO, también fue aprobada por unanimidad.
De acuerdo con esa legislación, los concejales determinaron que: “Será sancionado con una multa de $5.000 y hasta $50.000, quien -por acción u omisión- incumpliere o violare las normas sanitarias vigentes”. Pero también fijaron que si ese incumplimiento lo efectuara un comerciante, no sólo la sanción será mayor -de $10.000 a $100.000- sino que inclusive el local podrá ser clausurado.
Servicios y estudios
En la sesión extraordinaria del último jueves, la edil mencionó que por unanimidad fue aprobado otro proyecto de resolución por medio del cual se solicita una serie de arreglos en los servicios que presta la concesionaria a cargo de servicios básicos en la ciudad. Este tema fue planteado “por el bloque de ELI y recibió el visto bueno de todos porque es baja la presión del agua y en diferentes lugares hay inconvenientes con las cloacas”, indicó Caballero.
Luego, comentó que la primera sesión extraordinaria del 2021 se concretó el martes 26 de enero. En ese caso, “la convocatoria fue realizada por el Ejecutivo Municipal para tratar un proyecto de ordenanza referido a declarar de interés la instalación del parque industrial en una área que está a unos 300 metros de la reserva de Toropí. La mayoría decidió no aprobar la propuesta y solicitar información antes de volver a analizar el tema”, señaló. Al mismo tiempo acotó que “establecimos un plazo de 60 días para que nos envíen el estudio de impacto ambiental y los de prefactibilidad”.
