La expresidente y actual vice, al igual que el gobernador Axel Kicillof, en ese entonces ministro de Economía, fueron sobreseídos luego de que la Cámara consideró que no hubo delito.
La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y al resto de los acusados del expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de una de las primeras causas en las que la vicepresidenta fue procesada, y que ahora estaba en la etapa de juicio oral, a la espera de una fecha. Con esta decisión de la Cámara, el proceso oral y público no se realizará.
El sobreseimiento llega a poco más de un mes de que la expresidenta declarará ante los jueces que la causa era parte de una maniobra de lawfare, ratificó que no se cometió ningún delito con las políticas económicas durante su gobierno, fustigó a Mauricio Macri y sus funcionarios que participaron en las maniobras de devaluación. En el cierre de esa exposición dijo que no iba a pedir su sobreseimiento. "Hagan lo que tengan que hacer", lanzó.
El sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los acusado se dio en coincidencia con el día que declaró en la causa por primera vez hace 5 años. Justamente, ese hecho fue recordado hoy por la militancia kirchnerista que la acompañó ese día a los tribunales de Comodoro Py.
En 2015 un denuncia de Cambiemos dio nacimiento a lo que sería después la causa conocida como "Dólar Futuro". En 2017 el juez federal Claudio Bonadio, fallecido el año pasado, elevó a juicio oral y público la investigación. En esa denuncia no estaba inicialmente el nombre de Cristina Fernández de Kirchner sino que solo apuntaba a los directivos del BCRA. El fiscal Eduardo Taiano fue el que solicitó la elevación a juicio.
¿Qué se investigaba? entre septiembre y noviembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores.
"Como consecuencia de dicha operatoria, al mes de diciembre de 2015, el Banco Central de la República Argentina llegó a tener contratos abiertos en el ROFEX y el MAE por casi 17 mil millones de dólares con fecha máxima de vencimiento al 30 de junio de 2016", se señaló.
A su vez el directorio del BCRA amplió el límite de la entidad para actuar en los mercados a futuro del dólar. "Para hacer frente a tales obligaciones, el patrimonio del B.C.R.A. sufrió pérdidas por un monto de $77 mil millones de pesos".
¿A quién se proceso? a Cristina Kirchner, al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, los directores del BCRA y miembros de la Comisión Nacional de Valores.
¿Por qué delito? Según Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución” .
“Conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del Banco Central de la República Argentina, con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve periodo un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad, y por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos”, dijo
El juez Bonadio aseguró que la ex mandataria cometió el delito de fraude. Sostuvo su argumentación en el hecho de que las operaciones con el dólar en el mercado de futuro fueron a un precio muy por debajo del mercado. Posteriormente y ya en la administración macrista la devaluación obligó al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato.
Esa maniobra, sostuvo, en el BCRA “excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos (y) no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional”.
¿Qué pena tiene el delito de defraudación de la administración pública? La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras once personas fueron acusadas de ese delito que fija penas entre dos y seis años de prisión para quien estafara al Estado ocasionándole pérdidas.
Para el juez, Cristina “formó parte de un grupo de funcionarios… que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron a cabo diversas acciones de carácter políticas y técnico-administrativas y cuyas características se describirán más adelante, en violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos”.
Bonadio dijo que esas decisiones eran "conducentes a que el BCRA concrete operaciones en el mercado de dólar futuro –mercados de ROFEX -Mercado a Término de Rosario- y MAE -Mercado Abierto Electrónico– en condiciones dañosas para el erario público ya que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional".
Se calificó a la gestión de “irregular, ilegal e ilegítima” porque tenía “el objetivo de mantener forzadamente bajo el valor de la moneda estadounidense en el mercado marginal de compra/venta durante la gestión del gobierno que finalizó el 9 de diciembre de 2015, a sabiendas de que los vencimientos de los contratos operarían durante la siguiente administración que debía asumir el 10 de diciembre de 2015 y a despecho de los evidentes perjuicios que estas operaciones provocarían a futuro”. Según Bonadio el BCRA tuvo una pérdida de 77 mil millones de pesos.
¿Qué sucedió luego de que el caso pasó a juicio oral? recayó en manos del Tribunal Oral Federal 1. Fue la abogada Andrea Casaux, defensora de Miguel Angel Pesce que reclamó que se hiciera un peritaje contable que arrancó en agosto del 2019 y culminó un año después. Según este estudio los balances del BCRA habían dado ganancias en 2015 y 2016. Posteriormente las defensas pidieron el sobreseimiento. El tribunal tuvo una decisión dividida y no aceptó porque no contaba con el aval fiscal.
