En la denuncia aparece el comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, donde se muestra sus relaciones y comunicaciones con la policía de la dictadura de Añez. Coordinó el desembarco y distribución de los armamentos.
El gobierno nacional amplió la denuncia contra Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales. En la presentación ante el juez Javier López Biscayart, se hace foco en el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, que habría estado a cargo de la maniobra de recepción del armamento y que, según figura en registros oficiales, mantenía comunicación con la policía de la dictadura de Jeanine Áñez y transmitía sus pedidos de conseguir material represivo. La información sobre Caliba surge un día después de que el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, le dijera a Página/12 que ya tenían identificado al uniformado que había coordinado la entrega del material bélico.
Caliba era el enlace de la Gendarmería en Bolivia y quedó en el centro de la investigación a raíz de nuevos elementos que aparecieron en los últimos días. Por el momento, no es uno de los denunciados como sí lo están otros integrantes de esa fuerza, como su excomandante Gerardo Otero, el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. Los tres gendarmes fueron imputados el viernes pasado por el fiscal Claudio Navas Rial junto con Macri, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Normando Álvarez García, entre otros.
La prueba que pone en una situación delicada a Caliba es la siguiente, según pudo reconstruir este diario:
El viernes pasado, declaró el exagregado y jefe de la misión militar en Bolivia ante las autoridades del Ministerio de Defensa. Esta persona dijo que estuvo el 13 de noviembre de 2019 en el aeropuerto de El Alto esperando el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Con él estaba el entonces embajador Normando Álvarez García, dos secretarios de la representación diplomática, personal de la embajada y los familiares que iban a ser evacuados en ese vuelo de regreso. Añadió que fue Caliba quien estuvo a cargo del desembarco del personal y el equipamiento de la Gendarmería, mientras que él, junto con el embajador Álvarez García, acompañaron a los familiares para su embarque. Cuando Caliba dijo que estaban listos, todos subieron a un minimicro. El relato le da a Caliba una voz de mando sobre el material y los gendarmes, mientras que el agregado militar se muestra como parte de la comitiva.
El enlace de la Gendarmería remitió informes periódicos entre octubre y noviembre a Otero sobre la situación social en Bolivia.
El 17 de noviembre de 2019, Caliba le envió una nota a Otero en la que decía que ese día había participado de una reunión convocada por la “nueva conducción” de la Policía de Bolivia --léase la Policía de la dictadura de Áñez--. Ese encuentro fue coordinado por el subcomandante de la fuerza Claudio Zenobio Espinoza Luna. Allí, explicó Caliba, el tema a tratar fue la “posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón (de) que se les está acabando su stock”. Según él le informó a su superior, dijo en la reunión que la Gendarmería estaba en tratativas de adquirir el material y le sugirió orientar el pedido hacia el Ministerio de Seguridad --de Bullrich-- a través de la embajada.
Para el gobierno nacional, Caliba buscó encubrir la entrega del material represivo que ya se había realizado cuatro días antes, cuando el Hércules argentino rozó suelo boliviano. Hay elementos para sostener esa hipótesis. La carta que se encontró en la embajada argentina firmada por el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara está fechada el 13 de noviembre de 2019. Allí Terceros Lara agradeció la entrega de 40.000 balas antitumulto. El ministro Del Castillo también le dijo a Página/12 que se había encontrado un inventario hecho por mayores de la Policía de Bolivia en el que se detalla que la fuerza había recibido 26.900 balas de goma. Este inventario también lleva la fecha del 13 de noviembre de 2019. Pese a que pueda haber sido un intento de dar cobertura a sus actos o un nuevo pedido de las fuerzas del golpe, la nota de Caliba a Otero es la primera documentación oficial en la que se plasma el pedido de pertrechos de la Policía de Bolivia.
Sin registros
La principal hipótesis es que la Gendarmería sacó 70.000 balas antitumulto y las repartió entre la FAB y la Policía de Bolivia, donde se hallaron los 26.900 cartuchos de perdigón de goma 12/70. Inicialmente la Gendarmería había pedido sacar 3600 cartuchos 12/70. Ese pedido se hizo el 11 de noviembre de 2019. Al día siguiente, la solicitud se amplió a 70.000. Las balas antitumulto habían sido adquiridas exactamente un año antes por Patricia Bullrich a Fabricaciones Militares, cinco meses después de firmar un acuerdo bilateral con ese organismo para la provisión de municiones y agentes químicos.
El 12 de noviembre de 2019, el jefe del grupo Alacrán, Fabián Manuel Salas, le envió una nota al jefe de la Fuerza Aérea Argentina para avisarle que el Hércules que saldría ese día tendría una carga adicional: 70.000 balas, sprays y granadas. “Los mencionados efectos son los utilizados habitualmente por la Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público”, justificó en la carta. Pero hay un detalle más que da cuenta del embarque ilegal de estas balas de goma y es que no figuran en el manifiesto de carga del Hércules C-130. Por otra parte, a Salas no se le escapa que los alacranes emplean generalmente armas letales y que ese número no es el habitual, sino el que inicialmente habían pedido de 3600 balas. Si bien el nombre de Salas recién aparece en una denuncia del gobierno, la ministra de Seguridad Sabina Frederic ya había ordenado su pase a disponibilidad mientras se sustancia el sumario administrativo por el envío de armamentos a Bolivia.
Lo curioso es que ninguno de los documentos del Ministerio de Defensa dan cuenta del traslado de las 70.000 balas, por lo que se presume que hubo una intención deliberada de ocultar el envío. Además, el gobierno remarcó que ése es parte del rol clave que habría desempeñado el entonces ministro Aguad, que, además, dio la orden verbal de disponer del Hércules para el traslado de los gendarmes y las armas.
“La gravedad del hecho es mayúscula: las autoridades del control aduanero del Estado Nacional fueron engañadas por la máxima autoridad estatal --el expresidente de la Nación, Mauricio Macri,-- y altos funcionarios de su gabinete”, sostuvieron en su presentación Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.
