El fiscal Carlos Stornelli pidió avanzar con la investigación de la denuncia contra el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud porteño Fernán Quirós, por la firma de un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad, otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población.
El fiscal pidió investigar la denuncia realizada por la abogada Natalia Salvo por cuanto la cesión de vacunas en favor de los privados y/o de carácter social, sin verificar su destino, “tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo establecido por la ley 27491”.
Tras el sorteo, la denuncia recayó en el juzgado federal de Comodoro Py a cargo de Ariel Lijo.
“El GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, dice la denuncia.
Para la denunciante, esa práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, “que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
“Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean “sólo para socios”. En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”, advirtió la letrada.
Entre las medidas, Salvo pidió que el gobierno porteño informe los centros de vacunación a los cuales han sido asignados cada uno de los lotes de vacunas recibidas indicando expresamente el Código Federal de Establecimiento de Salud.
Que informe además la totalidad de dosis aplicadas identificando; a cada una de las personas a las que la misma ha sido suministrada con expresa indicación de fechas, lote de la vacuna suministrada y centro de salud en el cual la misma ha sido aplicada.
Solicitó también designar perito único de oficio a los fines de “permitir su acceso al sistema SIGHEOS implementado mediante Resolución CABA 123/2010, con el objeto de verificar”, entre otros datos, la identificación de la totalidad de los pacientes que han recibido la vacuna contra el COVID 19, detallando expresamente el centro de salud en que ha/n sido suministrada/s la/s dosis.
En tanto pidió acceso del perito sorteado al sistema utilizado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la recepción de solicitudes de turno, utilizado en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19.
