La iniciativa establece un régimen sancionatorio, a partir de modificaciones al Código Penal, contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques.
En un año 2020 signado por los incendios rurales y forestales, la legisladora del Frente de Todos Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley que establece un régimen sancionatorio, a partir de modificaciones al Código Penal, contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques a través de la incorporación del artículo 186 bis.
Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26815) y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26562).
El proyecto, que tiene en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y con la Ley General del Ambiente (Ley 25675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multa para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”.
"Si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. A su vez, las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito" se informó desde el despacho de Vallejos.
Además, establece una serie de agravantes de la pena. Por caso, "ante la reincidencia en los delitos de naturaleza ambiental, o cuando del hecho resulte la disminución de aguas naturales, o graves efectos erosivos en el suelo, o la modificación del régimen climático. También, cuando del hecho resulten afectados bienes de propiedad de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores. Ante estas situaciones, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo", ampliaron.
Por otro lado, la iniciativa desarrolla una serie de penas para personas jurídicas privadas, como la cancelación de la personería jurídica o la suspensión total o parcial de sus actividades, entre otras.
"Queda claro que el procedimiento que sanciona con multas la deforestación de bosques nativos destruidos o desmontados ilegalmente no resulta ser un instrumento suficiente para la protección de los bosques nativos", advirtió el proyecto de Vallejos.
Y prosiguió: "Si bien el artículo 186 inciso 2° punto b) establece penalidades por los incendios y estragos de bosques, consideramos de vital importancia la incorporación de instrumentos que fortalezcan la protección de los Bosques Nativos y que detengan la destrucción y degradación derivada de los incendios".
El proyecto también advierte que el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre y que dentro de estos, los principales desencadenantes son fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego, según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).
La diputada también señaló la importancia de evitar los incendios ya que generan una pérdida de biodiversidad, de suelos productivos, de capacidad de fijar carbono, de empleo rural y de recursos para la sociedad, y los cambios en los ciclos hidrológicos e inundaciones. "La deforestación, además, provoca el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo" cerró.
