Por Mempo Giardinelli
Fue una semana brava. Y quizás quede chico el calificativo. La renovada y penosa sumisión a la falsedad por parte de la Corte Suprema de Justicia, mencionada sea con énfasis mayestático, hace temer sobre el futuro de la república.
Lanzada sin recato a lo que ya parece una triste, deshonrosa y decisiva autocondena jurídica y moral, los cinco magistrados cuya obediencia a los mandatos empresarios mentimediáticos roza ya el grotesco, volvieron a condenar -–de hecho–- al ex vicepresidente Amado Boudou. Convalidando así la persecución mediática y judicial que lo castiga porque fue el responsable del final de uno de los más repudiables abusos político-económicos contra el pueblo argentino: las AFJP que durante años estafaron a las clases pasivas.
Con apoyo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y celebrado por todos los estamentos del peronismo, Boudou fue el responsable del pase a la órbita del Estado de la administración de los fondos jubilatorios, que habían sido un negociado fenomenal que permitió la apropiación de unos 10.000 millones de dólares en comisiones y de otros 35.000 millones repartidos en concepto de "utilidades" para empresas beneficiadas con las rebajas de aportes patronales.
Acabar con semejante descaro fue intolerable para el poder fáctico que padece la Argentina por lo menos desde 1956, y jamás se lo perdonaron. Una docena y media de jueces se ocuparon de sucesivas condenas y accedieron a su escandalosa prisión mediática, y todo a partir de una grotesca estrategia judicial -–hoy "normalizada" para peligro de toda la ciudadanía–- consistente en inventar "testigos" que "casualmente" dizque habían escuchado o "visto" o "encontrado" supuestas "pruebas". Horror jurídico insostenible que se ha vuelto habitual en la Argentina y que aún tiene vigencia a pesar de expresas declaraciones en contrario del presidente de la república.
Esta semana que pasó quedó claro –-con la veloz decisión de la Corte–- que el modus operandi del llamado "lawfare" está intacto y es el más grande cáncer de la así llamada "justicia" en la Argentina. Porque el lawfare (como establecieron en reciente libro hómónimo Rafael Bielsa y Pedro Peretti) no depende de las leyes, sino de jueces que "las interpretan sesgadamente al servicio de los intereses de la concentración política, económica y mediática".
Amado Boudou es víctima de una invención: un señor que luego se supo que fue o era miembro de algún servicio secreto irregular, y otro señor de apellido holandés que dijo haber visto lo que no vio, lo enlodaron a cambio de millones de pesos suficientes para ser éste propietario hoy de un hotel boutique en Mendoza. Procedimiento que se repitió luego en otras causas, como la de los supuestos "cuadernos" y la caterva de "arrepentidos" forzados, y que ha puesto injustamente a toda la Justicia bajo sospecha.
El caso personal de Boudou es gravísimo, además, porque todo indica que en los próximos días será retornado a la cárcel, con lo que se convertirá en otro símbolo para la resistencia nacional y popular. Como Milagro Sala.
Pero el pueblo argentino no quiere más símbolos. Lo que ciudadanos y ciudadanas queremos es que se barra de una vez esa basura política que llaman "lawfare" y que tanto daño viene haciendo a la democracia. Y que es especialmente inadmisible a un año de gobierno de signo peronista, que es sinónimo de no tener presos políticos. Con lo que esta decisión de la Corte no deja de parecerse a una nueva provocación ordenada por la fabulosa corporación mediático-empresarial que es la verdadera y profunda razón del desastre económico y social que vive nuestro país desde diciembre de 2015, con más el agravado de la peste mundial.
Estas provocaciones –-que en el fondo lo son, y basta ver la catarata de mentiras mediáticas que vampirizan la democracia y la paz de la república–- colocan a la Argentina en una situación de precariedad como la que describimos hace casi 19 años en el libro "Diatriba por la Patria" (Ediciones B, Bs.As. 2002) cuando propusimos como "urgente y necesario declarar en comisión al actual Poder Judicial de la Nación y empezar una reforma verdadera. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la responsabilidad suprema de salvar a la República ante (el) intento de disolución nacional, que es lo que se encubre tras la reiterada e intolerable maniobra judicial-mediática".
Si el costo social y moral de aquella crisis fue enorme, dos décadas después todo es muchísimo más grave y es de temer que la Corte, a este paso, se atreva a cualquier dislate. Como anular de hecho la Ley de Aborto legal -–si es sancionada por el Congreso–- cautelarizándola, valga el neologismo. Y supuesto que no sería exótico si se observa que sistemáticamente la Corte juzga en contra de toda decisión de nuestro Gobierno a la que se oponga la corporación mediático-empresarial.
La democracia y la paz corren peligro frente a semejantes poderes que, cual caballos desbocados, parecen capaces de neutralizar cualquier decisión en beneficio de las grandes mayorías, operando para ello con la misma decisión con que defienden los privilegios de las minorías dominantes.
Somos cada vez más los argentinos y argentinas que pensamos que esta Corte es una vergüenza, especialmente porque desacredita todo lo sano y honorable que aún queda en el Poder Judicial. El fallo de la Corte disponiendo nuevamente la cárcel para Amado Boudou es, así, una nueva acción que busca disciplinar al Gobierno. Que, si lo admite, podría estar dando un paso decisivo hacia el suicidio político. Que es lo que obviamente buscan las corporaciones dominantes.
Hoy hay muchísimo riesgo de que entre Clarín, La Nación, los poderes concentrados y la Corte Suprema arrasen con la democracia, lo que podría quebrar la paz en esta república. Éste es el más grave peligro a la vista. Porque la Paz es sagrada y ya sobran manifestaciones de violencia en la oposición delirante que se padece hoy en la política.
