Por Juan Pablo Cremonte
El despido del periodista dejó en claro que el presidente no quiere críticas en los medios oficialistas. Este ataque a la libertad de expresión se suma a otros anteriores.
La semana pasada se conoció la decisión de Radio Rivadavia de echar a su periodista estrella de la primera mañana, Marcelo Longobardi, con una excusa bastante floja e inverosímil de la radio: poca audiencia. En las últimas semanas el conductor había realizado una serie de denuncias de aprietes de parte del Gobierno nacional. La salida en tropel de la patota digital que responde a la presidencia de la Nación a bancar esa tesis no hizo más que confirmar lo obvio: el presidente está detrás de la mordaza a Longobardi.
Si se repasan los números de audiencia de Rivadavia en la primera mañana se puede evidenciar con facilidad que el segmento que comandaba Longobardi funcionaba entre bien y muy bien en términos de audiencia y que incluso era uno de los ciclos mejor posicionados de la emisora, de modo que si fuera por la audiencia o no se sostiene el cambio o tendría que haber habido más modificaciones en la grilla.
El hostigamiento hacia Longobardi es tan antiguo como la gestión de Milei en Casa Rosada. El periodista se mantuvo como un férreo crítico de la gestión del presidente y este respondió – como suele hacer – con insultos y mentiras a sus críticas. Longobardi no sólo que mantuvo su postura, sino que fue narrando las barbaridades que recibía a diario. Su voz era disonante en un medio, Radio Rivadavia, totalmente oficialista.
Este nuevo ataque del Gobierno nacional a la libertad de expresión se suma a los episodios anteriores con María O’Donnell, Ernesto Tenembaum, Alfredo Alfie, Mónica Gutiérrez, Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María Laura Santillán y una larguísima lista de etcéteras. En un relevamiento reciente realizado por el mencionado Alfie en el diario Clarín se puntualizan ataques contra 33 periodistas bajo acusaciones de “ensobrados” e insultos varios. El último hit: Carlos Pagni, la última reserva de libertad de expresión en el canal de noticas oficialista LN+.
Está claro que el Gobierno nacional no es un gobierno liberal. Es un gobierno de derecha conservador con tendencia autoritaria. En ese plan, no quiere ninguna voz disidente en el periodismo ni en las redes. El presidente mismo se encarga de señalar el objetivo al que atacar para que luego la patota de comunicadores que trabajan de hostigar disidentes corra en tropel hacia la presa.
En muchas ocasiones usan el insulto, la acusación infundada o la calumnia pero también les adjudican a los periodistas adscripciones ideológicas ridículas: ¿alguien seriamente puede pensar que Jorge Fontevecchia es kirchnerista cuando le hizo un juicio al kirchnerismo que duro 12 años? ¿O que Jorge Lanata lo es? Las asignaciones ideológicas tienen el mismo rigor que las denuncias de corrupción: ninguno. Pero a quienes las leen, las reproducen, las creen no parece importarles que sean falsas, simplemente coinciden con sus deseos y con eso alcanza.
Después de Longobardi
Este gobierno disfruta, por ahora, de una cierta calma económica y un lento proceso de empobrecimiento por goteo que todavía no ascendió a la superficie. Eso, sumado a una cobertura servil entre buena parte del periodismo que para colmo silencia las pocas voces críticas, alcanza para que la roña se junte, pero no se note. Sin embargo, spoiler alert: la acumulación de odios, rencores y heridas inevitablemente termina mal.
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