El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dictará este jueves 21 la sentencia en el juicio por la muerte del subteniente Matías Chirino , que ocurrió el 19 de junio de 2022 en el cuartel del Grupo de Artillería 3 en Paso de los Libres.
Chirino murió tras un rito de iniciación en el que fue sometido a consumir alcohol en exceso y realizar ejercicios extremos en una noche y madrugada de intenso frío.
Los exmilitares Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista enfrentan pedidos de 20 años de prisión. Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico podrían recibir penas de 8 o 9 años por su participación.
El incidente fatal ocurrió cuando Chirino, junto a otros dos subtenientes, fue forzado a consumir grandes cantidades de alcohol, realizar ejercicios físicos intensos y sumergirse en una pileta con agua sucia y fría. Se les prohibió usar sus teléfonos móviles para evitar que informaran sobre lo que sucedía.
En la reconstrucción del caso se demostró que los militares obligaron a los jóvenes a vestirse con ropa de gimnasia de verano y los sumergieron en la pileta del casino de oficiales.
En las horas previas a la audiencia decisiva, se conoció una serie de mensajes que los acusados se enviaron a través de WhatsApp cuando al joven subteniente lo encontraron muerto.
Durante el alegato, el fiscal Carlos Schaefer reprodujo esos audios entre los implicados en dos momentos: pasada la medianoche de aquel "bautismo" mortal y a las 6 de la mañana, cuando la víctima –ya sin signos vitales– fue trasladada al hospital después de la sesión de torturas disfrazada de bienvenida que derivó en su muerte.
Uno de los elementos que atravesaron la investigación fue la dificultad para obtener pruebas a través de los videos que los exmilitares grabaron aquella noche.
El expediente por la muerte de Chirino se originó a partir de una calificación menor: abuso de autoridad y abandono de persona. Por entonces no hubo imputaciones ni se ordenó el secuestro de los celulares. En marzo de 2023, la carátula fue agravada a un homicidio culposo y abuso de autoridad.
