Ediles quieren saber cómo se gastaron los recursos municipales de 2023 y 2024. Se da luego de que el Ejecutivo nunca respondiera a los pedidos de informes. Además, hay un gran rechazo de los trabajadores por los magros salarios que perciben.
Ediles del Concejo Deliberante de Ituzaingó pidieron al intendente de esa comuna que brinde explicaciones y datos sobre cómo se gastaron y gastan los recursos del municipio. Uno de los puntos más críticos es la falta de entrega de los balances correspondientes a los años 2023 y 2024, lo que impide conocer el destino de los fondos públicos y genera suspicacias sobre la transparencia de la administración. Además, varios concejales realizaron varios pedidos de informes para obtener claridad sobre el uso de los recursos y las decisiones de la gestión, pero estos han sido sistemáticamente ignorados.
Fuentes internas indican que existe una “bajada de línea” para que los concejales oficialistas no acompañen estos pedidos, limitando el control sobre la gestión municipal y afectando la transparencia.
Uno de los temas más preocupantes es la situación salarial en el municipio. A pesar de los altos cargos políticos, los concejales de Ituzaingó perciben sueldos que no alcanzan ni siquiera el salario mínimo vital y móvil. Esta realidad afecta gravemente la capacidad de los ediles para desempeñar su función de manera adecuada, al mismo tiempo que expone la precarización laboral que atraviesan quienes trabajan en la administración pública local.
El panorama salarial se agrava aún más cuando se observan los sueldos de los empleados municipales. A pesar de cumplir con jornadas laborales de más de 25 horas semanales, muchos trabajadores perciben salarios cercanos a los 100.000 pesos mensuales. Esto genera descontento entre los empleados, quienes sienten que sus esfuerzos no son valorados ni compensados de manera justa. Además, la falta de mejoras salariales afecta la calidad de los servicios brindados a la comunidad, generando un círculo vicioso de insatisfacción tanto entre los trabajadores como entre los ciudadanos.
En el Concejo Deliberante también se registran irregularidades. La presidenta del Concejo y dirigente de la Unión Cívica Radical, ocupa el cargo a pedido del intendente, lo que refuerza la percepción de una intervención directa del Ejecutivo en el poder legislativo. Recientemente, se produjo un cambio irregular en la estructura contable del Concejo: el contador fue reemplazado por una aparente contadora sin matrícula habilitada por el Colegio de Contadores de Corrientes, un requisito esencial para ejercer esa función. Además, esta persona mantiene una relación afectiva con el secretario de Hacienda del Ejecutivo Municipal, lo que genera una incompatibilidad según la Carta Orgánica Municipal, al existir un conflicto de intereses.
Estas prácticas de aparente nepotismo y la falta de cumplimiento de las normativas de habilitación profesional agravan las críticas hacia la administración del intendente radical. En el presupuesto municipal presentado para el año 2025, no se refleja intención alguna de mejorar las condiciones salariales de ningún sector, lo cual ha generado un fuerte malestar entre los trabajadores y plantea serias dudas sobre el compromiso de la administración con el bienestar de sus empleados. Esto indica, además, una aparente falta de voluntad política para abordar las condiciones salariales y laborales que afectan directamente la calidad de los servicios públicos.
