Mientras se discute adelanto de las elecciones programadas para 2026, cerca del líder de PL se habla de proscripción política.
El fundador y secretario general del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia -Perú Libre (PL)-, Vladimir Cerrón, ha sido condenado por corrupción. Se le ha impuesto una sentencia de cuatro años de prisión por colusión por supuestas irregularidades en el proyecto de construcción de un aeropuerto, obra que no se llegó a realizar. Un caso que viene del año 2014, cuando fue gobernador de la región andina de Junín. La sentencia, sin embargo, ha quedado suspendida hasta que se resuelva la apelación. La decisión judicial en primera instancia también incluye una suspensión para ejercer cualquier cargo público por el mismo período de cuatro años. En PL han denunciado “una persecución” para evitar la candidatura presidencial de Cerrón.
Hay incertidumbre sobre cuándo serán las elecciones. Están programadas para abril de 2026, pero con masivas protestas exigiendo el adelanto de elecciones y la salida de la presidenta Dina Boluarte hay consenso que es insostenible mantener el actual Gobierno y Congreso hasta esa fecha. Con elecciones en 2026 o antes, Cerrón quedaría fuera de las elecciones si se confirmara la sentencia en su contra. Sería la segunda vez que no podría postular a la presidencia por una condena por corrupción. En 2021 no pudo hacerlo por esta razón, por lo que buscó a Pedro Castillo para que lo reemplace como candidato de PL.
La condena a Cerrón es por haber firmado como gobernador de Junín en 2014 un contrato con el consorcio “Gran Aeródromo Wanka” para la construcción de un aeropuerto. El presupuesto de la obra era 366 millones de soles (unos 130 millones de dólares según el cambio de esa fecha). Se le imputa haber firmado ese contrato sin tomar en cuenta pronunciamientos en contra de esa obra de los ministerios de Economía y de Transportes, que consideraban no se justificaba por existir ya un aeropuerto en esa región.
“Sentenciado por tratar de construir un aeropuerto. Contrato declarado nulo, el GRJ (Gobierno Regional de Junín) no invirtió un solo centavo. Se postula habríamos puesto en riesgo al GRJ, se impone reparación de 2 millones, inhabilitación laboral, electoral e impedimento de salida. Apelaré”, escribió Cerrón en Twitter.
En diálogo con Pagina/12, el congresista Flavio Cruz, vocero de la bancada de PL, señaló que esta sentencia judicial “se da en este contexto que se está viendo el adelanto de elecciones, el objetivo es cortarle el paso al doctor Cerrón como nuestro candidato presidencial”. Indicó que tenían reservado para otro momento anunciar la candidatura presidencial de Cerrón, pero que ante esta sentencia judicial lo hacían ahora. “Esta sentencia la asumimos como una persecución judicial. Esto no es nuevo. Ya evitaron su postulación a la presidencia en 2021. No hay razones para esta condena. Esta decisión judicial recién ha sido tomada, vamos a ver qué estrategias tomamos para responder”.
En agosto de 2019, Cerrón fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por negociación incompatible durante su primera gestión como gobernador de Junín entre 2011 y 2014, por haberle pagado a una empresa 850 mil soles (unos 280 mil dólares de la época) como indemnización por una obra no realizada. Cerrón se defiende diciendo que la culpa de la anulación de esa obra fue del Estado y que si se iba a juicio el pago habría sido mayor. En segunda instancia, se le rebajó la sentencia a 3 años y 9 meses de prisión condicional. Por esa sentencia tuvo que dejar el cargo de gobernador, que había asumido por segunda vez el primero de enero de ese año, y quedó fuera de la elección presidencial de 2021.
En 2021, Cerrón y otros dirigentes de PL fueron denunciados por el supuesto cobro de sobornos en el gobierno regional de Junín para entregar licencias de conducir. El caso adquirió connotación política al abrirse el proceso judicial durante la campaña de la segunda vuelta que enfrentó a Castillo con Keiko Fujimori y señalarse que el dinero de esos supuestos sobornos habría financiado la campaña electoral de Castillo. La acusación, hasta ahora no demostrada, fue parte de la campaña de la derecha. Este proceso sigue abierto. También se investiga judicialmente a Cerrón por un supuesto desbalance patrimonial de 6,3 millones de soles. El dirigente de PL asegura que sus ingresos están justificados por lo que recibe como neurocirujano y el sueldo que tuvo como gobernador regional.
Cuestionado por las acusaciones de corrupción en su contra y su sectarismo, una vez que PL llegó al gobierno Cerrón se fue distanciando del presidente hasta que Castillo renunció a PL. Mantuvieron un pulseo permanente por cuotas de poder que exigía Cerrón. El secretario general de PL, que se define como marxista-leninista, se enfrentó a otros grupos de izquierda aliados del gobierno, hasta que esa alianza se rompió. En agosto pasado señaló a Página/12 que consideraba a la izquierda progresista su “enemigo principal” y que para enfrentarla se podía unir a la ultraderecha. Una postura que afectó al gobierno de Castillo. Hace un año, Cerrón expulsó de PL a la ahora presidenta Dina Boluarte.
