La intervención del organismo autárquico ordenó cerrar con candado el portón de acceso y egreso de la sede ubicada sobre calle La Rioja y San Martín. Es para evitar que las empleadas salgan sin ser supervisadas al momento de llevar a sus hijos hasta las escuelas ubicadas en el microcentro. La seguridad está a cargo además de una empresa privada.
Empleados y sobre todo empleadas del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO) denunciaron un nuevo caso de acoso laboral en la sede del organismo provincial ubicada sobre la intersección de las calles La Rioja y San Martín. El único portón de acceso y egreso de ese edificio fue cerrado con candado para evitar que las trabajadoras salgan sin ser supervisadas por agentes de seguridad privada.
En las imágenes se puede observar que el portón se parece al de un establecimiento carcelario. Rodeado con un candado y una sola puerta habilitada para el egreso e ingreso a la sede estatal. Cada vez que debe entrar un vehículo se debe sacar toda la cadena y candado puesto por orden de la intervención. “Lo más grave es que en el edificio no hay salida de emergencia. Estamos encerrados literalmente”, graficó un trabajador.
Dicen en el INIVICO que la medida también se tomó por el enojo que produjo en los funcionarios de la intervención la publicación hecha por corrienteshoy.com sobre cómo se gastan fondos nacionales para pluses de gerentes y asesores.
