La reunión se hizo en la residencia presidencial de Olivos. Desde las organizaciones, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.
El presidente Alberto Fernández recibió en la tarde de este martes a representantes de comunidades originarias de Jujuy para interiorizarse sobre la situación en esa provincia tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno del radical Gerardo Morales y la represión policial contra las movilizaciones en distintos puntos de esa provincia.
La reunión se hizo en la residencia presidencial de Olivos, según informaron fuentes oficiales. Desde las organizaciones, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.
La reunión se concretó el mismo día en que la secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" llevada cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por Morales.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó "testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia".
La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la Justicia para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que "se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes" y llamó al Gobierno de Morales "a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida".
En tanto, este martes por la mañana, la dirigente social Milagro Sala fue trasladada desde su casa -en donde se cumple arresto domiciliario- para una junta médica que, según sus defensores, se realiza "sin una orden judicial" y con la intención de llevarla a "una cárcel común".
Desde las organizaciones, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio.
Según se informó luego, Sala fue trasladada a un dependencia del Poder Judicial pero finalmente no se cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados, y la dirigente social fue llevada nuevamente a su domicilio, ubicado en el barrio Cuyaya, de la capital jujeña.
Los reclamos en la provincia, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.
En medio de esta situación, en la mañana de este martes, mujeres residentes en la Quiaca tomaron la decisión de escenificar una crucifixión colectiva en cercanías al corte de ruta que mantienen manifestantes en el ingreso a esta localidad, ubicada en el extremo norte de la Argentina.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, en tanto, recogió testimonios de víctimas de la represión policial y advirtió sobre situaciones de "terror generalizado".
Este martes por la mañana, la dirigente social Milagro Sala fue trasladada desde su casa -en donde se cumple arresto domiciliario- para una junta médica que, según sus defensores, se realiza "sin una orden judicial" y con la intención de llevarla a "una cárcel común".
El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.
El sábado 17 de junio pasado, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.
Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.
El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.
