Amnistía Internacional Argentina elaboró un duro informe sobre la represión a la protesta social durante el primer año de Javier Milei y pidió la derogación del «protocolo anti-piquetes» aplicado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El organismo subrayó «prácticas propias de gobiernos autoritarios» en los doce meses de gestión libertaria, que se ven graficadas en 1.155 personas heridas, de las cuales 33 tienen impactos de balas de goma en la cabeza.
«En al menos 15 manifestaciones relevadas, la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva. Las cifras: 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves», indicó Amnistía al presentar en redes sociales su informe denominado «Disenso en riesgo».
Según el organismo internacional, la aplicación del protocolo anti-piquetes por parte del Gobierno nacional «dio vía libre a las autoridades policiales para desplegar un uso abusivo y arbitrario de la fuerza, poniendo en peligro la seguridad, la vida y la integridad física de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica».
«33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión. 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones. 73 personas criminalizadas por participar en las protestas», se detalla en el informe.
Para el organismo, «el uso de la fuerza es la primera y única respuesta del Estado a las demandas sociales expresadas en las calles» y calificó como «desproporcionada» la utilización de las armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma.
«Las imágenes hablan por sí solas: se ha visto a efectivos policiales golpeando a personas adultas, arrojando gas lacrimógeno a la cara de las personas de manera indiscriminada, incluso a una niña de 10 años», en alusión al caso de la nena que se manifestaba hace pocos meses junto a su mamá en las inmediaciones del Congreso.
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CUÁL FUE EL PEDIDO DE AMNISTÍA
En un expreso pedido al Ministerio de Seguridad, Amnistía solicitó la derogación del protocolo anti-piquetes y exigió que se establezcan «regulaciones para la actuación policial en contextos de protesta respetuosas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre derecho a la reunión pacífica, libertad de expresión y uso de la fuerza».
También pidió que se garantice que «todas aquellas personas que quieran manifestarse pacíficamente puedan hacerlo, sin que su vida o su integridad física corran peligro».
«Abstenerse de utilizar la fuerza como mecanismo para desalentar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta», planteó el organismo, entre otros puntos.
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