Por Raúl Kollmann
En escrito presentado el lunes en Comodoro Py da cuenta de que se armaron grupos especiales dentro de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos para planear y llevar adelante el “hostigamiento fiscal”, que ni siquiera se notificó a CFK de los cargos que se le formulaban, que se determinaron obligaciones tributarias excesivas e irregulares, fuera de toda normativa vigente.
La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en épocas de Mauricio Macri, armó una sistemática persecución contra la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y su hija Florencia. En una denuncia presentada el mediodía del lunes en Comodoro Py se da cuenta de que se armaron grupos especiales dentro de la AFIP para planear y llevar adelante el “hostigamiento fiscal”, que ni siquiera se notificó a CFK de los cargos que se le formulaban, que se determinaron obligaciones tributarias excesivas e irregulares, fuera de toda normativa vigente. No sólo eso: se seleccionaron especialmente los funcionarios que iban a accionar contra la expresidenta, hubo una coordinación extraoficial e ilegal con jueces, secretarios y fiscales, se produjo la intrusión en miles de oportunidades a la base de datos de la AFIP referida a la familia Kirchner en la AFIP y hasta se puso en marcha un sistema informático concentrado sólo en los Kirchner y dos grupos más, sistema que no se utilizó para el resto de los contribuyentes. El texto presentado a la Justicia y firmado por Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, habla de “la existencia de una matriz de persecución política que tuvo como uno de los artífices a la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
A principios de febrero de 2020, CFK presentó una denuncia en la AFIP marcando en forma muy detallada la forma en la que ella y sus hijos fueron hostigados por el organismo recaudador durante la época de Macri. Marcó del Pont resolvió entonces formalizar una presentación ante la Justicia y la causa recayó en el juzgado que antes ocupaba Claudio Bonadio y que ahora subroga Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado le delegó la investigación a la fiscal Paloma Ochoa. En paralelo, Marcó del Pont dio intervención a la Subdirección General de Auditoría Interna y a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Lo que se entregó este lunes a la fiscal es el resultado de dos autorías que se hicieron a lo largo de casi ocho meses.
Los textos que acompañan los datos específicos son demoledores y detallan lo actuado por la AFIP durante los mandatos de Alberto Abad y Leandro Cuccioli:
* Los funcionarios no actuaron con el deber ético de la neutralidad, se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma del trato igualitario a todos los contribuyentes.
* Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la expresidenta y de esa manera se pretendió justificar una actuación a escondidas. Es más, incluso pudieron haberla notificado en el Senado pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones sin que ella supiera.
* La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Al no haberla notificado ni haberla puesta al tanto de los procesos, "quedó en entredicho el debido proceso", dice la Auditoría.
* Se determinaron obligaciones tributarias de oficio, cuando en realidad había varios domicilios alternativos y hasta públicos para notificar a la entonces senadora. O sea, establecieron montos de deuda descomunales e injustificados y siguieron vedándole la vista de las actuaciones y la intervención en los procedimientos.
* La Auditoría detectó “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales”, lo que llevó a exigencias de pago inexactas y a seleccionar a determinados funcionarios para que las hagan.
* En todo lo que tuviera que ver con familia Kirchner no intervenía el funcionario que correspondía, sino que la conducción seleccionaba a quienes se consideraba que estaban alineados con la persecución.
* Como se sabe, en cada trámite queda registrado el ingreso de un funcionario a los datos de cualquier contribuyente. La Auditoría estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos referida a Cristina Kirchner y sus hijos e incluso existe la sospecha de que hubo maniobras para tapar aún más ingresos irregulares y violatorios del secreto fiscal.
* Está probada por la Auditoría que se constituyeron grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP.
* Dice textualmente lo presentado por Marcó del Pont ante la Justicia este lunes: “La Subdirección General de Auditoría Interna identificó que en el ámbito de la Subdirección General de Recaudación se pergeñó un sistema informático mediante el cual se pretendió ejercer un control exhaustivo de dos grupos económicos específicos, en vez de construir una herramienta de supervisión aplicable a todos los contribuyentes o, siquiera, a una clase de ellos, sin afectar el trato igualitario de los contribuyentes”.
* Hubo una “singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”. En otras palabras, que determinados jueces y fiscales ni siquiera cursaban pedidos oficiales, sino que había un ida y vuelta a escondidas, una especie de alianza en la persecución. “Esto ya fue reconocido por un funcionario de la AFIP en sede judicial”, una referencia a testimonios que se dieron en el juicio respecto de Oil Combustibles en que se reconoció que había grupos de tareas especialmente dedicados a hostigar a ese grupo empresarios.
La denuncia de la AFIP y Marcó del Pont, que incluye detalles muy específicos que no se dan a conocer para mantener el secreto fiscal y el de la investigación, sintoniza con lo que se ha verificado en otros organismos. Existía una política de persecución, en especial en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la forma en la que se manipuló a los arrepentidos, incluso guionando sus declaraciones, y en una coordinación que parece haber partido de la llamada “Mesa Judicial”.
La denuncia de la AFIP vuelve a poner al propio Mauricio Macri al frente de operaciones en las que se espió y se usó al Estado para intentar aniquilar a los opositores. En este caso se hostigó a la principal referente de la oposición y a su familia.
