Es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. Es una de las carteras que más precarización laboral dentro del Estado tiene. El pasado viernes hubo una marcha de visibilización. La igualdad de género habita omnipresente en los discursos oficiales del gobierno provincial. Sin embargo, la realidad es bien opuesta a esa pose oficial.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia hay 300 mujeres precarizadas laboralmente. Perciben salarios de $40.000 y no tienen obra social, tampoco aportes jubilatorios ni ART.
Muchas son docentes de nivel inicial, otras psicopedagogas y trabajadores sociales, se desempeñan en establecimientos al cuidado de infancias y adolescencias en el marco de causas judiciales.
El último incremento salarial que tuvieron fue en diciembre de 2022. El pasado viernes por la mañana junto a delegados sindicales marcharon a casa de gobierno para visibilizar algo que pareciera ser que, para el gobierno provincial, se normalizó, la precarización laboral dentro del Estado.
En plaza 25 de Mayo, ATE Corrientes solicitó audiencia con el gobernador Gustavo Valdés y también presentó similar pedido ante los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores.
Las trabajadoras atraviesan una situación de precarización laboral, percibiendo un salario de $40.000, sin aportes jubilatorios y sin obra social.
La problemática inició el año pasado cuando fueron trasladadas desde el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia.
