Un senador nacional de la provincia de Córdoba denunció a tres funcionarios municipales durante la gestión de Martín Llaryora frente al municipio de Córdoba y al gerente regional del grupo correntino ERSA en Córdoba como responsables de una estafa a las cuentas públicas por un valor que estima en $ 1.500 millones. Los involucrados son Marcelo Rodio, ex titular de Tamse y secretario de Transporte hasta el 2023, a Eduardo Ramírez, directivo de Tamse y a Emilio Gustavo Monzón, gerente regional del grupo Ersa.
En la presentación judicial, el senador describe que, desde diciembre del 2022 la empresa municipal de transporte, TAMSE, se hizo cargo de prestar el servicio en los corredores 600, 601, 53, 54 y Aerobus a través de un “acuerdo de colaboración” entre ambas prestatarias, cuyo plazo fue de tres meses renovables a 12.
Durante estos meses, desde finales del año 2022 hasta la fecha, según alerta Juez, la empresa privada Ersa cobró los subsidios que enviaba Nación, pero sin prestar ningún servicio ya que lo hacía la Sociedad del Estado Tamse. Ese dinero se depositaba en las cuentas de Ersa y luego éstos debían ser enviados a Tamse, a voluntad de los administrados privados, toda una irregularidad.
Vale aclarar, los cordobeses se subían a colectivos con las inscripciones de una empresa que ya no estaba vinculado con ese pasaje.
En diciembre de 2022. Marcelo Rodio, como secretario de Transporte municipal, firmó el convenio por el cual Tamse tomó a su cargo las cinco líneas mencionadas. En declaraciones a Canal Doce, el ex funcionario reconoció que para realizar ese acuerdo había dos caminos y se optó por el más ágil para mejorar el servicio. “Ese contrato había dos formas de hacerlo: la primera, era un acuerdo de colaboración que tuvo la empresa TAMSE y Ersa. Un acuerdo con la aprobación de la secretaría de Transporte. La sesión de líneas implica pasar personal, indemnizaciones y no es algo beneficioso y rápido”, describió. Esa firma implicó que la empresa estatal pasara a administrar el 32% del transporte urbano.
Pero la pregunta es adónde iban los subsidios. Fuentes vinculadas al sistema sospechan que en búsqueda de agilidad para no dejar sin servicio a los usuarios faltó cumplimentar el nuevo destino de los dineros nacionales. El dinero se depositaba en las cuentas de Ersa en lugar de Tamse. Luego, ¿se transferían? ¿en qué plazos?
Mediante el régimen de compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de pasajeros, el Estado les otorga a las empresas del sector una determinada suma de dinero de forma mensual, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos, ya que los valores se congelaban para no ser una carga mayor para los pasajeros.
Cada vez que un cousuario pasaba su tarjeta sobre la máquina tickeadora, ésta registraba el viaje, el colectivo y la empresa. Por cada viaje, se debía pagar una parte con el famoso Fondo Compensador al Transporte y una vez por mes se depositaba en la cuenta que estaba vinculada a la prestadora del servicio.
Volviendo a la denuncia de Juez, ese dinero que pagaba Nación todos meses a las cuentas de Ersa, que cobró durante todo el año sin prestar ningún servicio.
El cálculo al que llegó el senador, asciende a $ 1.500 millones, considerado que se abonaba por cantidad de unidades circulando y no por pasajeros transportados. En la minuta, Juez toma el total de los subsidios, abarcando los nacionales, provinciales y municipales (28 mil millones de pesos sobre 49 unidades) y el resultado expresa casi $ 30 millones por unidad.
Esos 1500 millones de pesos, pagados por las unidades de Ersa que habían pasado a Tamse se transferían a las cuentas de Ersa y entraban en una "zona gris". La sospecha es que no se transferían de manera directa a la empresa municipal, y tampoco si eso generaba ganancias en épocas de tanta inflación durante los días en que se “tardaba” en hacer el depósito.
