Familiares y víctimas del gatillo fácil concentraron durante la mañana de este jueves en las puertas de los Tribunales Provinciales, ubicados en Pellegrini y Balcarce, desde donde marcharon hacia el Monumento a la Bandera para recordar a las siete personas que fueron asesinadas por la represión policial que hubo en la ciudad entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001.
Hace exactamente veintitrés años, Argentina vivía días de máxima tensión y violencia social. Asfixiados por la crisis económica y por el famoso “Corralito”, que limitaba la extracción de dinero en efectivo de los bancos, cientos de ciudadanos participaron de manifestaciones al grito de “¡Que se vayan todos!”. También se reportaron saqueos en algunos comercios, acción que el gobierno de Fernando de la Rúa -quien terminó renunciando y huyendo de Casa Rosada en helicóptero horas más tarde- tomó como argumento para desplegar sus fuerzas represivas a lo largo y ancho del país.
Rosario no fue la excepción. El entonces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, también comandó un operativo policial que se cobró la vida de nueve ciudadanos: Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado,Yanina García, Claudio “Pocho” Lepratti, Rubén Pereyra y Sandra Ríos en Rosario; Miguen Pacini en Santa Fe; y Graciela Acosta en Villa Gobernador Gálvez.
A veintitrés años de estos hechos que marcaron a fuego a casi diez familias santafesinas, Conclusión habló con María Martínez, la esposa de Rubén Pereyra, una de las víctimas fatales de aquel fatídico diciembre, quien expresó: “Lo vivimos como el primer día, porque nunca se hizo justicia”.
La mujer recordó que, cuando fue asesinado, Rubén tenía una hija de dos años, y cuestionó que no haya habido una reparación histórica para las familias de las víctimas. “El proyecto se aprobó en la Cámara de Senadores, pero Diputados no lo quiso tratar. Hoy con el cambio de Gobierno perdió estado parlamentario”, detalló.
“Seguimos pidiendo justicia y que se trate y apruebe este proyecto de ley, para que los familiares y los heridos en la represión tengan un resarcimiento. Hubo muchas personas que quedaron con secuelas y hoy ya son mayores y no pueden tener un trabajo estable”, apuntó Martínez.
Al ser consultada por cómo ve el accionar policial, observó: “Volvimos al 2001, la policía en el barrio Las Flores está pidiendo documentos a los chicos, se los llevan por averiguaciones, los sueltan a las 24 horas”.
Por último, recordó que Rubén murió cuando esperaba a que camiones descargaran cajas en una escuela de la ciudad, pero en vez de bienes básicos, el vehículo llegó dotado de policías que comenzaron a reprimir.
En la manifestación también estuvo presente Ramón Casco, el padre de Franco Casco, un joven de 20 años que murió en 2014, en un hecho en el que aún se investiga si fue causado por la policía. El año pasado, los diecinueve policías acusados por el homicidio fueron absueltos, pero días atrás esta resolución fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.
Te puede interesar: Casación Penal anuló el fallo que absolvió a los policías juzgados por el crimen de Franco Casco y ordenó una nueva sentencia
“Nuestros abogados nos han contado que se ha revocado la sentencia, nos pusimos un poco contentos por esta decisión de los jueces. Vamos a seguir luchando para que se haga justicia. Hubo muchas trabas desde el principio de la investigación, hasta que eso se pudo revertir cuando pasó a manos de la Justicia Federal. Hubo muchas irregularidades, escondían muchas pruebas”, señaló Casco.
