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Opinión del Lector

Desfinanciar bosques: una amenaza para la economía Argentina

Manuel Jaramillo

Por Manuel Jaramillo

Desde una visión estrictamente económica, los bosques nativos brindan servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la protección de los suelos, la mitigación del cambio climático, la regulación del clima local, la provisión de alimentos y el sustento para las comunidades rurales.

En el actual contexto político y económico, es esencial recordar que la conservación de los bosques nativos no es solo una cuestión ambiental. En el Proyecto de Presupuesto Nacional 2025 se asigna solo el 2,5% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Esta reducción a un mínimo histórico amenaza la preservación de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos que son vitales para nuestra economía y el bienestar de las personas.

Una naturaleza sana es clave para el desarrollo sustentable del país. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, fue un avance significativo para Argentina, proporcionando un marco para planificar el uso de nuestros bosques y equilibrar producción con conservación. No obstante, su implementación ha sido parcial desde su sanción, y el presupuesto asignado este año es el más bajo desde la sanción de la Ley.

Desde una visión estrictamente económica, los bosques nativos brindan servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la protección de los suelos, la mitigación del cambio climático, la regulación del clima local, la provisión de alimentos y el sustento para las comunidades rurales. Estos servicios no solo protegen la biodiversidad, sino que también son fundamentales para sectores productivos como la agricultura, la ganadería y el turismo. Sin una gestión adecuada de nuestros recursos naturales, el país se expone a pérdidas económicas significativas debido a la erosión, inundaciones y otros desastres ambientales. Invertir en la conservación y restauración de los bosques no es un lujo, sino una estrategia para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico y mantener a nuestro país adecuado a las normas de comercio internacional que comienzan a ser más exigentes con el respeto ambiental en los países productores de materias primas.

Durante los primeros años de su implementación, la Ley de Bosques logró reducir significativamente las tasas de deforestación, lo que demuestra la importancia de esta regulación. Sin embargo, en los últimos años, debido a la falta de financiamiento, la incorrecta implementación y el incremento de incendios forestales, la deforestación ha vuelto a aumentar. Si bien los fondos nunca alcanzaron lo que estipula la ley, la situación actual es alarmante. Con un presupuesto de apenas 9.090 millones de pesos, sólo se propone asignar 170 pesos por hectárea de bosque por año, una cifra absurda para los costos de la economía actual.

El desfinanciamiento no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también la capacidad de las provincias para, proteger, fiscalizar y promover el uso sustentable de los bosques. En este sentido, la Ley de Bosques no solo es un compromiso ambiental, sino una oportunidad económica que podría generar ingresos a largo plazo mediante el verdadero manejo forestal sustentable, que es lo opuesto a la explotación de los recursos naturales. Ignorar este hecho no solo afecta la conservación, sino que también compromete el futuro de sectores productivos, de economías regionales, que dependen de un entorno natural sano.

Es urgente que se asigne un presupuesto acorde a las necesidades de la ley y se refuercen los mecanismos de control y restauración de áreas degradadas. Apostar por un desarrollo económico sustentable es posible, pero requiere una visión a largo plazo que integre la naturaleza como un activo clave para el bienestar del país. Conservar nuestros bosques nativos es una inversión en nuestro futuro, no solo por su valor ambiental, sino por su innegable aporte al desarrollo económico y social de la Argentina. El Poder Legislativo Nacional, tiene hoy la responsabilidad de mejorar el proyecto de presupuesto nacional, presentado por el Ejecutivo, para asegurar los recursos para conservar los bosques nativos de todos los argentinos y los servicios ambientales, sociales y económicos de los que todos nos beneficiamos.

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